Mouris Salloum George*
Si los estudiosos indican que una de las características de la democracia, es la incertidumbre, no se requiere ser letrado para saber que todo proceso electoral está expuesto a los imponderables.
La naturaleza misma de la pugna por el poder, hace que la lucha de los contrarios cruce por una serie de arreglos en el interior de los partidos mismos antes de cada elección; según las fortalezas y debilidades de cada formación vienen, como desde hace 18 años lo vemos en México, los pactosde dos o varios partidos.
Obviamente, un momento crítico es la nominación de candidatos. En la experiencia de 2018, hemos visto rupturas de alianzas o coaliciones, particularmente cuandose trata de definir candidaturas al Congreso de la Unión, a las gubernaturas de los estados y a las legislaturas locales.
Para cada circunstancia, las legislaciones electorales y los manuales administrativos previenen reglas a fin de que las campañas electorales se desarrollen en tiempo y forma, según dicen los que dictaminan esas cosas. “Tiempo y forma” es la clave, a la que se le hace un añadido: La forma es fondo. Es lo que está en la miga de esta entrega.
Dejemos establecido, de entrada, un precedente. El todavía muy controvertido desenlace de la sucesión presidencial de 2006. Los números hablan: Los magistrados electorales revisaron resultados de la votación y con base en este procedimiento sentenciaron el nombramiento de Presidente con una diferencia de apenas unos 233 mil votos entre el primero y segundo de los contendientes.
Para llegar a ese resultado, se declararon nulos más de 900 mil votos. En otro casillero, se depositaron 298 mil votos por candidatos no registrados: La suma: Un millón 198 mil votos. En una elección “cerrada”, es difícil desentrañar los móviles de los jueces a la hora de emitir sus propios votos “definitivos e inatacables” para asignar la Presidencia de México.
Ilusoria figura
Entramos en materia para observar cómo se desnaturalizó la loable pero ilusoria figura de las candidaturas presidenciales independientes, condicionada a determinado porcentaje de firmas de apoyo.
Es de sobra conocida la suma de transgresiones a la norma que se perpetraron en ese proceso de recolección de firmas: Los dígitos se dispararon.
Con todas las evidencias a la mano, sin embargo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral determinaron incluir a Margarita Zavala en las boletas del 1 de julio.
Los magistrados electorales, de su lado, votaron por incluir a Jaime Rodríguez Calderón.
El quid de la cuestión, es que Zavala decidió retirarse de la campaña. Contra regiomontano Rodríguez, los consejeros han corrido a vista de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (PGR) la presunción de que éste aspirante habría incurrido incluso en lavado de dinero y defraudación fiscal.
Es el caso que, no obstante la gravedad de las imputaciones, no se sabe si habrá iniciativa al Consejo General del INE para que se cancele la candidatura del infractor.
Aquí se asoma el peine. Los consejeros electorales han votado por la conservación del nombre de Zavala en las boletas. Si se trata de todos coludos o todos rabones, en una eventual cancelación de la candidatura de Rodríguez, su nombre, no obstante, estaría en las boletas. Por lo que toca al primer caso, los votos se enviarían a folio de “candidatos no registrados”.
Ahí es donde se abre el espacio a la confusión: ¿Quién garantiza que los escrutadores del 1 de julio, digamos que, involuntariamente, mezclen esos votos en las actas de cómputo final con los de los candidatos y partidos que llegaron a la meta?
No es un caso hipotético: Hay registros históricos en los que consta que en elecciones presidenciales, boletas para candidatos opositores fueron quemadas y sus cenizas arrojadas al cauce de ríos o arroyos.
Tanto presumir de posmodernidad y apelar a un argumento inane
Ahora bien: El argumento de los consejeros del INE (que despilfarran recursos públicos en otros rubros no prioritarios y que, sobre partidas ya etiquetadas hacen movimientos de onerosas reasignaciones de última hora. además de que alardean de la disposición de tecnología de punta), es en el sentido de que a estas alturas del calendario ya no pueden hacer cambios en el formato de las boletas y reordenar la impresión.
El retiro de Margarita Zavala se produjo casi 50 días antes de la jornada del 1 de julio. Cualquiera que tenga nociones de lo que es la industria editorial, equipada ahora con portentosos ingenios digitales, sabe que reponer tirajes es difícil, pero no imposible.
Empresas mexicanas del ramo que, además de sus ediciones diarias imprimen suplementos especiales y cuadernos de diverso contenido con técnicas y materiales-entre ellos, papel de lujo- de cuidadoso manejo y alto costo, cuando detectan alguna falla de impresión, reponen en un mismo día tirajes millonarios. Lo mismo aplica a la impresión de libros.
Ni siquiera la explicación de que las boletas electorales están impresas en papel especial con ciertas marcas de agua (para usar un término accesible), semejantes a las que llevan los billetes de banco para hacerlos infalsificables, pasa como aceptable.
Para ponerlo con un caso más a la mano: Cada boleta y su manejo para mexicanos en el extranjero con interés en votar, tiene un costo de 33 dólares por unidad. En el mismo pleno del Consejo General del INE ya se está cuestionando, no su utilidad, sino su legitimidad.
Lo que pasa es que los consejeros y los magistrados electorales asumen en su arrogancia el papel de demiurgos y le quieren ver la cara a los ciudadanos del llano. Como si para sospechas estuvieran, después del inventario de trapacerías acumulado desde octubre de 2017.
Si una elección presidencial la puede determinar una diferencia de 233 mil votos (0.56 por ciento), ¿qué no se puede hacer con un potencial de 50 millones de votos, ahí donde los convocados son más de 89 millones de mexicanos? La ganas de buscarle tres pies al gato.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
